Resumen: Complemento de maternidad: tanto el juzgado como la Sala de suplicación consideraron que el actor tenía derecho a percibir dicho complemento (art. 60 LGSS). El INSS recurrió en unificación de doctrina alegando que la negativa no se fundamentó en un trato discriminatorio por razón de sexo, sino en el hecho de que la acción estaba prescrita en aplicación del art. 53 LGSS, lo que justificaba a su juicio la denegación. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso por entender que la Entidad Gestora a la vista de que el actor presentó la demanda en el año 2022, y que el plazo de prescripción para reclamar el complemento de pensión de cinco años habría comenzado a correr desde que se dictó la STJUE de diciembre de 2019, es claro que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de maternidad por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación del complemento alegando el transcurso del plazo de prescripción.
Resumen: La denominada "acción de enriquecimiento injusto" que dice ejercitar MAPFRE (aseguradora de la responsabilidad civil) en la presente demanda frente a FREMAP (asistencia sanitaria) no tiene otro objeto que el de invalidar reclamación de deuda emitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la TGSS. Esa reclamación de deuda ya se impugnó ante la jurisdicción competente (contencioso-administrativa) y en ella recayó sentencia que, enjuiciando el fondo del proceso -y con los efectos de cosa juzgada una vez adquirida firmeza-, desestimaba la acción ejercitada por apreciar que el acto administrativo había devenido consentido y firme por causa imputable a MAPFRE. En consecuencia, conforme al art. 3.f) LRJS, y en aplicación de lo dispuesto en los arts. 5 y 81 LRJS la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa, dado que existe una resolución firme dictada por la TGSS en relación a la misma reclamación ahora planteada, tratándose por lo tanto, lo pretendido, con independencia de la denominación que la demandante le otorgue, de una impugnación de acto administrativo de gestión recaudatoria excluido de la competencia de esta jurisdicción social por el artículo 3 f) de la LRJS y propio de la jurisdicción contencioso-administrativa y no de materia de prestaciones de Seguridad Social o imputación de responsabilidades a terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social, conforme al artículo 2 o) de dicho texto legal.
Resumen: La Sala indica que el actor alcanzó la edad legal, tenía derecho al 100 % de la pensión y la empresa cumplió la condición de realizar una nueva contratación indefinida y a tiempo completo en el plazo de 6 meses, exigencia ligada a la garantía de empleo y al relevo generacional conforme a la DA 10 ª LET, por lo que la extinción del 1-03-24 no es despido improcedente porque se aplicó correctamente el art. 44 del V Convenio Almaraz-Trillo, sin que se pueda aceptar que el Convenio sea extraestatutario -se ha publicado en el BOE y siguió la tramitación estatutaria- y como la empresa aplicó el régimen previsto en el del art. 44 del Convenio y no el previsto en el Acuerdo de la Comisión Paritaria de 8-02-21, resulta irrelevante que se alegue que este último acuerdo se hubiera podido celebrar en fraude de ley y con falta de legitimación, por no habérsele aplicado ese régimen, no pudiendo cuestionarse la validez ni los efectos del Acuerdo Paritario por esta vía, pues su impugnación correspondería, en su caso, a un proceso colectivo por sujetos legitimados, concluyendo que la extinción es ajustada a derecho.
Resumen: Se indica que no existe norma o pacto que interpretar sobre qué ocurre con la IT cuando la prestación de servicios del jubilado parcial se concentra al inicio, habiéndose debatido la cuestión en la Comisión Paritaria, no alcanzándose un acuerdo, por lo que no hay criterio convencional aplicable, pues el art. 3 del convenio solo garantiza la posibilidad de acudir a la jubilación parcial y relevo (2021-2023), sin regular la acumulación de jornada ni el efecto de la IT y el Acta de 15-9-2020 se limita a recoger una tabla orientativa de prestaciones 25% y ajustes por jornada diaria, sin que prevea la acumulación ni su tratamiento en caso de IT y los contratos individuales, más allá de porcentaje/horas y duración, no contienen cláusulas sobre acumulación ni sobre cómo opera la IT durante la prestación concentrada, afirmando que en este caso es una práctica empresarial ampliar el periodo efectivo cuando hay IT durante la fase acumulada -práctica de hecho no equivale a acuerdo interpretable- y que la SAN 1-03-19, declaró que, rigiendo la libertad de pactos, no cabe prórroga del periodo concentrado por IT si no se pactó expresamente, pues la IT suspende el contrato, pero no autoriza extender el término de prestación concentrada, no siendo aplicable la STSJ Galicia 7-7-2017, porque el supuesto se refería a IT fuera del periodo de trabajo acumulado y concluye que existe el derecho a no recuperar ni prolongar, sin perjuicio de lo que se pacte en futura negociación colectiva.
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Resumen: La Sala desestima los recursos del INSS y Mutua, y confirma la sentencia de instancia estimatoria de la pensión de viudedad, ya rescindida por el TS la primera sentencia firme -denegatoria de la pensión- de esta Sala, porque, acreditada la existencia de pareja de hecho y el tiempo mínimo legal de convivencia, y, fallecido el causante en marzo de 2015, en accidente de aviación con ocasión de su trabajo, no se había establecido período transitorio para aplicar el nuevo requisito de formalización exigible a las parejas de hecho, de modo que la solicitante de la pensión de viudedad vió frustrada su legítima expectativa de acceso a la pensión, y también vulnerado su derecho a la propiedad según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que acudió la actora, tras la sentencia de la Sala de lo Social que revocó -y desestimó la pensión- la sentencia de instancia que la había concedido, inadmitiendose luego recurso de amparo. De modo que, fallecido el causante en marzo de 2015, difícilmente se puede exigir a la actora que hubiera formalizado ante Notario o en un Registro su condición de pareja de hecho; entre otras cosas, porque el Registro de parejas de hecho de Cataluña no se creó hasta el 1-4-2017 y hasta 2014 no eran exigiblen para constituir pareja de hecho los requisitos formales de inscripción o escritura pública (se exigía, únicamente, unión estable, convivencia en común por más de 2 años e hijo/s en común, requisitos también cumplidos en este caso).
Resumen: Se deniega la prestación de ingreso mínimo vital por no estar válidamente constituida la unidad de convivencia, durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada ya que uno o varios de los miembros de una unidad de convivencia forman parte de otra unidad de convivencia: no coincide con los convivientes informados por el INE/Padrón. En fecha 18 de febrero de 2023, la demandante consta empadronada, junto con su pareja y sus dos hijas, en un domicilio junto con otras tres personas; desde el 14 de abril de 2023 figuran empadronados solo la solicitante, su pareja y sus dos hijas. La sentencia deniega la solicitud porque la unidad de convivencia no está constituida durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. Se alega que la sentencia deniega por una razón distinta de la resolución administrativa, pero la ausencia de un hecho constitutivo de la prestación puede ser apreciada por el Juez si resulta de la prueba, aunque ni siquiera haya sido alegado por el demandado y lo mismo sucede con los hechos extintivos e impeditivos, determinando ello que el hecho de que la entidad gestora desestime la solicitud por una causa cuando está acreditada en el procedimiento la existencia de otra no impone al Juez la obligación de reconocer la prestación si considera improcedente la causa aplicada en la resolución y procedente la no tenida en cuenta por el ente gestor.
Resumen: Se estima el recurso de la Mutua demandante y en consecuencia se estima la demanda y se declara que el proceso de baja del actor tiene su origen en contingencia común, con todos los efectos inherentes a tal declaración. La cuestión suscitada consiste en determinar la contingencia y en particular si la incapacidad temporal del actor, derivada de crisis tónico-clónica con origen en malformación de arteria venosa cavernorma tempo parietal izquierdo y que se manifestó en tiempo y lugar de trabajo, puede considerarse accidente de trabajo de conformidad con la presunción del art 156.3 LGSS. La Sala IV da una respuesta negativa pues, aunque la crisis de produce en tiempo y lugar de trabajo, la presunción del art 156.3 LGSS no se extiende a enfermedades que por su propia naturaleza excluyen la etiología laboral. Se trata de una presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario y que es lo ahora acontecido pues consta acreditada la existencia de una dolencia de base que es causa de la crisis epiléptica y que es de etiología común. Además, no hay dato ni circunstancia alguna que permita deducir, que concurriera alguna especial circunstancia vinculada al entorno laboral que pudiera estar en el origen de la concreta crisis epiléptica y que pudiera haber sido su factor desencadenante o agravante.
Resumen: El TS señala que, concurre la gravedad cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico sino un comportamiento continuado y persistente, con independencia de que tal retraso sea debido al arbitrio injustificado del empresario o derive de una imposibilidad total o parcial motivada por circunstancias económicas imputables o no a aquel. Si la empresa persiste en el impago o retraso, concluye el TS, los trabajadores no lo consienten - mediante un acuerdo formal o informal - y no acude a los cauces establecidos por la ley, el incumplimiento se convierte en justa causa de extinción. Las causas de extinción que invoca el recurrente son las de impago de salario y cualquier incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, con concreta referencia al no abono de dos conceptos, plus de convenio y parte proporcional de pagas extras, en la categoría real del trabajador, conductor mecánico, con el consiguiente déficit de cotización, y al abono del complemento de calidad y cantidad en cuantía inferior a la procedente, quedando encubierto en el concepto extrasalarial dietas.
Resumen: El elemento material decisivo para calificar o no el tiempo considerado como de trabajo es "la incidencia objetiva y considerable de las limitaciones impuestas al trabajador en lo que atañe a la posibilidad de dedicarse a sus intereses personales y sociales . El demandante disponía de una más que relevante capacidad ambulatoria y de autodeterminación personal, sin otro condicionamiento, que no limitación, que la de mantener la ambulancia próxima para poder reaccionar a un aviso con diligencia. Ello implica con seguridad, un cierto condicionamiento, inevitable en una actividad como la descrita, pero que no alcanza la intensidad necesaria como para calificar dicho tiempo como de trabajo, siendo por tanto suficientes los pluses que se perciben para compensar la situación en cuestión. No consta en modo alguno, y ni siquiera se alude, la frecuencia de llamamientos y, de hecho, ni siquiera consta que se produjera cuando menos uno por servicio.
Resumen: El demandante fue intervenido quirúrgicamente en septiembre de 2020 de fractura compleja de pala iliaca izquierda y de fractura supraintercondilea de húmero distal izquierdo. Habiendo adquirido una silla de ruedas estandar para su uso, solicitó el reintegro de gastos que le fue denegado. El interesado tiene reconocida desde el 19 de abril de 2021 un grado de discapacidad del 75% de tipo física y psíquica, concurriendo la necesidad de concurso de tercera persona, presenta rigidez en el hombro izquierdo y codo que impide la propulsión manual de silla de ruedas mecánica y elevada angustia en el contexto de ausencia de independencia por no tener silla eléctrica, necesitando ayuda continuada de su esposa para movilizar la silla, circunstancias todas ellas que llevan a confirmar el derecho reclamado. Como la solicitud identificó el producto según los estándares previstos y la desestimación solo expresó que no reunía las condiciones necesarias acceder al derecho, sin que se le requiriese para presentar documentación concreta, tampoco puede negarse el derecho por tal circunstancia.
